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‘Ecopetrol debió saber que jueza de Reficar era su contratista'

Ecopetrol aseguró que la valoración de un posible conflicto de intereses dentro del proceso por el escándalo de Reficar le corresponde definirlo a la jueza Betulia Orduña y no a la petrolera

Foto: 

Rodrigo Sepúlveda / Archivo EL TIEMPO

Hoy recusan a la funcionaria. ‘Es inédito que lleve 2 años en el caso y 5 contratos’.

  Varios de los apoderados de los implicados en la investigación por presuntos sobrecostos en la ampliación y modernización de la refinería de Cartagena 

(Reficar) instaurarán hoy un memorial conjunto.

En este le piden a Betulia Orduña Holguín, la jueza 31 penal del circuito con funciones de conocimiento, que se aparte de inmediato del caso en su contra, que ya se encuentra en la etapa preparatoria de juicio en la que estaban citados el 4 de noviembre.

Tal como lo reveló EL TIEMPO Dispetrocom Ltda., empresa fundada por la jueza y que pertenece a su familia, es contratista de Ecopetrol, dueña de Reficar y víctima dentro del caso.

El 8 de septiembre del 2015, se fijó el valor final de la planta de Reficar: 8.016 millones de dólares.

Foto: 

Archivo particular

Para la defensa de varios de los procesados, es inédito en la historia judicial del país que un juez sea representante de una empresa que a la vez es contratista del Estado. Y más inédito, que contrate con la empresa que aparece en uno de los procesos en los que tiene que tomar decisiones penales.

Por eso, en la recusación, conocida de manera anticipada por EL TIEMPO, señalan que eso no puede ser posible ni jurídicamente ni por la Constitución ni por la Ley estatutaria de la administración de justicia ni por las normas del procedimiento penal. “Un juez no puede ser ni acreedor ni deudor de alguien que esté dentro de un litigio en sus manos”.

Y agregan que el conflicto de intereses es evidente. ‘Ecopetrol debía saber’

Además, dicen que Ecopetrol tiene unas obligaciones de debida diligencia. Esto significa que en sus sistema de prevención de corrupción y fraude y en su programa de cumplimiento tiene la obligación de identificar a sus contratistas, le aseguraron a EL TIEMPO apoderados dentro del caso.

Y llamaron la atención en el hecho de que la jueza asumió el caso en el 2018 y su empresa suscribió contratos en 2019 y principios del 2020.Además tomó decisiones de fondo como rechazar la solicitud de uno de los implicados en el ajuste de la acusación y aceptar a Ecopetrol como víctima.

“Además la funcionaria va a decidir qué pruebas se van a tener en cuenta dentro del juicio, por eso, con absoluto respeto le vamos a pedir que se aparte. De no ser así el caso pasará a su superior”, dijo uno de los apoderados.

Y agregó que no están dilatando el juicio ni tampoco hay peligro de prescripción, como han indicado.

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