Es inadmisible que comisarías de familia trabajen en condiciones precarias: Procuradora

• Procuraduría presentó
informe sobre las condiciones de las comisarías de familia en el país.
• EL
80 % de las comisarias presentan deficiencias en la infraestructura y en
la prestación de servicios, lo que afecta la prestación del servicio de
justicia familiar.
• El
ente de control también socializó un segundo informe, con los resultados
de cumplimiento por parte de las entidades territoriales del mecanismo
articulador para el abordaje de las violencias por razones de sexo y género.
• Varias
entidades territoriales como la alcaldía Distrital de Bogotá D. C., no han
respondido al llamado del ente de control.
En seguimiento a las situaciones de violencia por razones de sexo y género en el país, la Procuraduría General de la Nación presentó las conclusiones de dos recientes informes realizados por el ente de control, a fin de revisar el estado actual y visibilizar alertas en esta materia y en relación a la activación de las rutas de atención, protección y acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
Los resultados fueron socializados en un evento virtual,
que contó con la participación de la Procuradora General de la Nación,
Margarita Cabello Blanco, representantes de ONU Mujeres, de mujeres lideresas y
organizaciones que trabajan por las mujeres, comisarios y comisarías de
familia, personerías, funcionarios de gobernaciones y alcaldías, entre
otros; y el equipo de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos
de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, encargada de la
realización de los estudios.
El primero de los informes abordó la crítica situación de
funcionamiento de las comisarías de familia a nivel nacional. Llama la atención
que, de las 668 comisarías de familia evaluadas:
• Solo el 52 % cuentan con un equipo
interdisciplinario completo y permanente, que en un
23 % se encuentra de manera ocasional y en el 25 % no existe un equipo completo
que cumpla con el marco normativo.
• Solo el 47 % cuentan con un sitio para la atención de víctimas en
condiciones de privacidad con una infraestructura
suficiente y accesible.
• En al
menos el 18 % de
las comisarías, hacen falta puestos de trabajo para los funcionarios.
• La
realidad de las comisarías en el año 2021, fecha en la que se recolectó la
información, es similar a la evaluada en el 2011 y 2018, lo que permite inferir
que no existen proyectos correctivos.
Para la jefe del Ministerio Público, es inaceptable que las comisarías
del país continúen trabajando en condiciones que limitan la prestación de
servicio en
condiciones de dignidad y que suponen riesgos para los funcionarios de los
despachos; problemática que el ente de control ha insistido en la necesidad de
atender, por tratarse de entidades fundamentales en la ruta de acceso a la
justicia familiar.
“Es inadmisible que, a la fecha, muchas comisarías
del país continúen trabajando en condiciones precarias. Se debe dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el decreto 4870 de 2007, que
ordena incorporar en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el presupuesto
del municipio un rubro que asegure el desarrollo del objeto misional de la
comisaría de familia”
La Procuraduría General de la Nación exhortó a los alcaldes para que desarrollen estrategias orientadas a
mejorar las condiciones de las comisarías de familia, que
incluyan el presupuesto y las acciones necesarias para hacer sostenible el
fortalecimiento permanente de las comisarías, preservando la salud mental de
los funcionarios y garantizando la prestación del servicio de administración de
la justicia familiar.
Cumplimiento por parte de las entidades territoriales del mecanismo articulador
La Procuraduría también realizó la socialización de un
segundo informe de seguimiento que abordó el estado de avance del tránsito que
debieron hacer las alcaldías y gobernaciones del país hacia el mecanismo
articulador para el abordaje de las violencias por razones de sexo y género.
Se evidenció que la implementación de este mecanismo todavía presenta retos en materia de
coordinación interinstitucional, aun cuando fue adoptado por el
gobierno nacional mediante el Decreto 1710 de 2020.
La jefe del Ministerio Público, señaló que, para
garantizar una atención integral a las víctimas, es fundamental que exista en
todos los niveles de la administración pública una articulación eficiente. “Este
mecanismo no debe ser un formalismo, su existencia debe verse reflejada en
prevención de las violencias y en atención oportuna a las víctimas.”
De acuerdo con la información recolectada por la
Procuraduría con corte a 12 de julio de 2022:
• De los
32 departamentos requeridos, el 71.88 % han hecho tránsito al Comité
Territorial del Mecanismo Articulador, el 6,25 % cuenta con un acto
administrativo que sigue la línea técnica del Decreto 1710 de 2020, y el
21,87 % de las gobernaciones faltan por dar cumplimiento.
• Para el
caso de los 11 Distritos Especiales requeridos, solo el 4 2% ha realizado el
tránsito al Comité Territorial.
• Ciudades
como Bogotá D. C. y Barrancabermeja no dieron respuesta.
• Distritos
como Buenaventura, Cali, Medellín y Santa Marta informaron no haber realizado
el trámite.
• De las
24 ciudades capitales, solo 46 % ha realizado el tránsito al
Mecanismo Articulador
• Arauca,
Tunja, Manizales, Armenia y Pereira aún no cumplen con lo ordenado por el
decreto.
La Procuraduría informó que, como resultado de estos
ejercicios de vigilancia y seguimiento, trabaja en un directorio nacional del
mecanismo articulador que permita a cualquier víctima, organización civil o
persona que lo necesite, acceder a los contactos de quienes deben ser los
primeros respondientes frente a estos graves hechos de violencia, en todos los
municipios del país.
Finalmente, la Procuradora hizo un llamado
urgente a las entidades competentes para adoptar medidas frente al
incumplimiento al Decreto 1710 e insistió en que es un
deber del Estado garantizar que sea suficiente el presupuesto asignado para
prevenir y atender las violencias por razones de sexo y género que a diario
sufren niñas, adolescentes y mujeres en Colombia.
“Sin presupuestos asignados, es casi
imposible cumplir con los deberes de prevención y atención, y por eso, dichos
recursos deben ser una prioridad de las administraciones en todos los niveles.”
afirmó Cabello.
PGN.
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