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Es inadmisible que comisarías de familia trabajen en condiciones precarias: Procuradora

• Procuraduría presentó informe sobre las condiciones de las comisarías de familia en el país.

• EL 80 % de las comisarias presentan deficiencias en la infraestructura y en la prestación de servicios, lo que afecta la prestación del servicio de justicia familiar.​

• El ente de control también socializó un segundo informe, con los resultados de cumplimiento por parte de las entidades territoriales del mecanismo articulador para el abordaje de las violencias por razones de sexo y género.

• Varias entidades territoriales como la alcaldía Distrital de Bogotá D. C., no han respondido al llamado del ente de control.

En seguimiento a las situaciones de violencia por razones de sexo y género en el país, la Procuraduría General de la Nación presentó las conclusiones de dos recientes informes realizados por el ente de control, a fin de revisar el estado actual y visibilizar alertas en esta materia y en relación a la activación de las rutas de atención, protección y acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Los resultados fueron socializados en un evento virtual, que contó con la participación de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, representantes de ONU Mujeres, de mujeres lideresas y organizaciones que trabajan por las mujeres, comisarios y comisarías de familia, personerías, funcionarios de gobernaciones y alcaldías, entre otros; y el equipo de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, encargada de la realización de los estudios.

El primero de los informes abordó la crítica situación de funcionamiento de las comisarías de familia a nivel nacional. Llama la atención que, de las 668 comisarías de familia evaluadas: 

           Solo el 52 % cuentan con un equipo interdisciplinario completo y permanente, que en un 23 % se encuentra de manera ocasional y en el 25 % no existe un equipo completo que cumpla con el marco normativo. 

           Solo el 47 % cuentan con un sitio para la atención de víctimas en condiciones de privacidad con una infraestructura suficiente y accesible.

           En al menos el 18 % de las comisarías, hacen falta puestos de trabajo para los funcionarios. 

           La realidad de las comisarías en el año 2021, fecha en la que se recolectó la información, es similar a la evaluada en el 2011 y 2018, lo que permite inferir que no existen proyectos correctivos.

Para la jefe del Ministerio Público, es inaceptable que las comisarías del país continúen trabajando en condiciones que limitan la prestación de servicio en condiciones de dignidad y que suponen riesgos para los funcionarios de los despachos; problemática que el ente de control ha insistido en la necesidad de atender, por tratarse de entidades fundamentales en la ruta de acceso a la justicia familiar.

“Es inadmisible que, a la fecha, muchas comisarías del país continúen trabajando en condiciones precarias. Se debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el decreto 4870 de 2007, que ordena incorporar en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el presupuesto del municipio un rubro que asegure el desarrollo del objeto misional de la comisaría de familia”

 

La Procuraduría General de la Nación exhortó a los alcaldes para que desarrollen estrategias orientadas a mejorar las condiciones de las comisarías de familia, que incluyan el presupuesto y las acciones necesarias para hacer sostenible el fortalecimiento permanente de las comisarías, preservando la salud mental de los funcionarios y garantizando la prestación del servicio de administración de la justicia familiar.

Cumplimiento por parte de las entidades territoriales del mecanismo articulador

La Procuraduría también realizó la socialización de un segundo informe de seguimiento que abordó el estado de avance del tránsito que debieron hacer las alcaldías y gobernaciones del país hacia el mecanismo articulador para el abordaje de las violencias por razones de sexo y género.

Se evidenció que la implementación de este mecanismo todavía presenta retos en materia de coordinación interinstitucional, aun cuando fue adoptado por el gobierno nacional mediante el Decreto 1710 de 2020.

La jefe del Ministerio Público, señaló que, para garantizar una atención integral a las víctimas, es fundamental que exista en todos los niveles de la administración pública una articulación eficiente. “Este mecanismo no debe ser un formalismo, su existencia debe verse reflejada en prevención de las violencias y en atención oportuna a las víctimas.

De acuerdo con la información recolectada por la Procuraduría con corte a 12 de julio de 2022:

           De los 32 departamentos requeridos, el 71.88 % han hecho tránsito al Comité Territorial del Mecanismo Articulador, el 6,25 % cuenta con un acto administrativo que sigue la línea técnica del Decreto 1710 de 2020, y el 21,87 % de las gobernaciones faltan por dar cumplimiento.

           Para el caso de los 11 Distritos Especiales requeridos, solo el 4 2% ha realizado el tránsito al Comité Territorial. 

           Ciudades como Bogotá D. C. y Barrancabermeja no dieron respuesta.

           Distritos como Buenaventura, Cali, Medellín y Santa Marta informaron no haber realizado el trámite.

           De las 24 ciudades capitales, solo 46 % ha realizado el tránsito al Mecanismo Articulador 

           Arauca, Tunja, Manizales, Armenia y Pereira aún no cumplen con lo ordenado por el decreto.

La Procuraduría informó que, como resultado de estos ejercicios de vigilancia y seguimiento, trabaja en un directorio nacional del mecanismo articulador que permita a cualquier víctima, organización civil o persona que lo necesite, acceder a los contactos de quienes deben ser los primeros respondientes frente a estos graves hechos de violencia, en todos los municipios del país.

Finalmentela Procuradora hizo un llamado urgente a las entidades competentes para adoptar medidas frente al incumplimiento al Decreto 1710 e insistió en que es un deber del Estado garantizar que sea suficiente el presupuesto asignado para prevenir y atender las violencias por razones de sexo y género que a diario sufren niñas, adolescentes y mujeres en Colombia.

Sin presupuestos asignados, es casi imposible cumplir con los deberes de prevención y atención, y por eso, dichos recursos deben ser una prioridad de las administraciones en todos los niveles.” afirmó Cabello.​

PGN.

 

 

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