El Procurador General de la Nación condena enfáticamente el reclutamiento de menores...

 El Procurador General de la Nación condena enfáticamente el reclutamiento de menores y exhorta al cumplimiento estricto del Derecho Internacional Humanitario

 

Ante la confirmación de la muerte de siete menores de edad en los combates entre las fuerzas armadas de la República y la estructura criminal bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, la Procuraduría General de la Nación expresa, en primer lugar, su más profunda condena frente al crimen atroz del reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de estructuras criminales al margen de la ley, práctica que constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. El Procurador General lamenta profundamente la pérdida de estas vidas inocentes y le envía un abrazo solidario a sus familiares y a toda la sociedad colombiana en este momento. 

Entre los años 2024 y lo corrido del 2025, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes sigue presentando un incremento desmesurado que preocupa a este órgano de control y debe activar el rechazo de toda la sociedad. De conformidad con cifras obtenidas por la Procuraduría en el ejercicio de sus acciones preventivas, aún con el subregistro que es evidente en estos casos, en este lapso han sido reclutados más de 740 menores de edad. En el 2024 se presentaron 578 víctimas (351 niños, 227 niñas). 277 de ellos eran indígenas. Esos niños, niñas y adolescentes fueron presuntamente reclutados por las estructuras denominadas “Estado Mayor Central”, “Disidencias” y el “ELN”. Los departamentos más afectados han sido Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Nariño, Arauca y, precisamente, Guaviare. Por su parte, el ICBF da cuenta de 370 menores de edad recuperados de esas estructuras criminales entre 2024 y lo corrido de 2025, con edades entre los 13 y los 17 años, de los cuales el 70 % serían niños y el 30 % niñas. 

 

El Procurador General de la Nación rechaza con absoluta contundencia que grupos armados ilegales continúen incorporando a niñas, niños y adolescentes en sus filas, arrebatándoles su infancia, su libertad y, en muchos casos, su vida. Ninguna causa ni ideología puede justificar el uso de menores en la guerra. Este delito infame, además de destruir el tejido social, deja una huella de dolor irreparable en las familias y comunidades del país. Los colombianos no toleramos que los criminales arrebaten de ese modo aleve la vida de nuestros hijos y nietos, ni aceptamos ninguna excusa para ese crimen horrendo, que no es jurídicamente amnistiable ni estamos socialmente dispuestos a perdonar. 

 

En este contexto, el Procurador General también le recuerda a las Fuerzas Militares de la Nación su deber de observar y perfeccionar, de manera permanente, los protocolos y procedimientos operacionales que garanticen el pleno respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. El Ministerio Público reconoce la difícil labor y los sacrificios de las Fuerzas Militares en la defensa de la seguridad nacional y exhorta a continuar su misión dentro de los más altos estándares éticos y jurídicos, en armonía con la protección de la vida humana y la dignidad de las víctimas. Bajo esa óptica, la Procuraduría cumplirá con su deber de investigar con serenidad, imparcialidad y rigor los hechos ocurridos e imponer, si fuere del caso, las sanciones disciplinarias correspondientes. 

 

La Procuraduría General reafirma su compromiso indeclinable de vigilar, prevenir y sancionar toda forma de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de acompañar a las instituciones del Estado en la consolidación de una paz basada en el respeto absoluto del derecho a la vida y de las normas humanitarias. En ese marco, acompañará a la sociedad, al Gobierno nacional y a toda la institucionalidad en el propósito compartido de perseguir y someter al imperio de la ley al narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento de menores, la minería ilegal, y las demás conductas que atentan contra el ejercicio pleno de los derechos de los colombianos, así como atentan contra su tranquilidad.